Unión de Uniones urge al MAPA a aprobar un plan de arranque definitivo de viñedo y aplicarlo con criterios sociales

Unión de Uniones (UdU) señala que el sector no puede esperar a que las distintas Administraciones públicas desplieguen todo el aparataje derivado de la legislación del Paquete Vino, referido al apoyo financiero para garantizar la continuidad de muchas de las explotaciones vitícolas en crisis.

Durante el transcurso de la reunión de la Sectorial del Vino, celebrada el pasado 11 de junio, la UdU urgió al MAPA a desplegar un plan de arranque definitivo, con criterios sociales, en el que se consensue con el sector y las CC.AA. tanto las condiciones de admisibilidad, como los criterios de prioridad para ajustar la actual superficie de viñedo.

Esta organización agraria plantea que este plan es una de las medidas necesarias para ayudar a paliar el impacto de la crisis, que está atravesando el sector desde hace algunos años y que incide de manera especial en el sector productor.

Señala, además, que si la entrada en vigor de la reglamentación comunitaria necesaria se retrasa al mes de julio de 2026, si las CC.AA. no han llevado a cabo una labor de prospección de las superficies que se podrían ver afectadas por este arranque, y si la cosecha próxima incrementa el volumen de disponibilidades de vino y mosto a niveles elevados, el efecto será que los precios de la uva y del vino en origen van a seguir registrando descensos generalizados que, junto con los arranques sin ayuda, pondrán en serio riesgo la continuidad de muchas explotaciones vitícolas.

Por otra parte, la UdU considera que la ficha financiera de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), de 202,14 M€, ha de destinarse para aquellos viticultores y otros agentes del sector que desean continuar con la actividad vitivinícola.

“No es de recibo que mientras Francia ha puesto encima de la mesa 250 M€ en dos años, 2025 y 2026, para el arranque de en torno a 60.000 hectáreas con fondos de Estado, además de 40 millones para destilación de crisis de la reserva de crisis de la UE, con todas las bendiciones comunitarias, aquí estemos esperando a resolver la duda de si son galgos o podencos, si los fondos han de ponerlos la Administración central o las CCAA, ocupadas éstas, en muchas ocasiones, en el reparto de carteras que obvian el desastre que se avecina en base a las previsiones de la próxima vendimia”.

Unión de Uniones manifiesta, igualmente, que la ISV debe ser obligatoria para los Estados miembros, estar dotada económicamente con niveles de financiación cuando menos similares a los actuales, eliminando la cofinanciación del 30 % de los EE.MM., como figura en los borradores de la nueva PAC 2028-2034 para las Intervenciones Sectoriales.

Reducción de la demanda

Al mismo tiempo, esta organización ha confirmado la tendencia de las bodegas a reducir la demanda de uva de sus proveedores, circunstancia que se está repitiendo en numerosas D.O.P.s: Rías Baixas, Ribera del Duero, Cava… en un contexto de expectativas de producción elevada, a expensas de la evolución de la climatología a lo largo de los dos próximos meses.

“El Reglamento que pone en práctica el Paquete Vino, necesario, pero no suficiente, el desarrollo de la legislación secundaria y su traslación al marco normativo estatal, así como los denodados esfuerzos de la oferta por colocar nuevos productos en los mercados interno y externo… no logran conjurar ese fantasma que recorre el mundo del vino a nivel global: la consolidación del descenso en su consumo, tanto en la UE como en el resto del mundo”, señala esta organización.

La UdU denuncia, por otra parte, la existencia de prácticas fraudulentas a través de la sustitución de alcoholes vínicos por alcoholes de otros orígenes, algo reiterativo a lo largo de las últimas campañas. Se trata de un escenario que también se da en la producción de mostos, por lo que es necesaria una mayor efectividad en los controles de las distintas Administraciones implicadas.