EE.UU.: incertidumbre comercial constante para el vino (y todo lo demás)

España se encuentra en un escenario de tensión sin precedentes con Estados Unidos, que combina riesgos geopolíticos y comerciales. La negativa de nuestro país a colaborar en el ataque que Washington e Israel lanzaron contra Irán, y a permitir el uso de bases militares españolas para operaciones logísticas y de soporte, ha abierto un nuevo frente de fricción política. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó durante una rueda de prensa en la Casa Blanca que “no quiere tener nada que ver con España” y ordenó cortar “todas las negociaciones” con el país, al que calificó de aliado “terrible”. “Vamos a cortar todo el comercio con España”, añadió, sin especificar mecanismos concretos más allá de amagar con posibles “embargos”.

Este clima internacional ya de por sí enrarecido vuelve a situar en el foco a los sectores españoles más expuestos al mercado estadounidense, entre ellos el vino o el aceite de oliva, así como a los de otros países de la Unión Europea, al formar parte España del mercado único.

Teóricamente, el margen legal para castigar únicamente a España es limitado. Cualquier medida arancelaria dirigida a productos españoles afectaría al conjunto de la UE, que negocia y sufre en bloque cualquier sanción. Sin embargo, Washington podría aplicar gravámenes selectivos sobre partidas concretas donde España tenga presencia significativa o donde el impacto político sea más inmediato. En ese escenario, el sector agroalimentario, y especialmente el vino, volvería a situarse en primera línea de riesgo. Asimismo, podría ejercer otras medidas como la limitación de visados, etc.

En este contexto, el vino español ya afronta un entorno complicado en EE.UU. Durante 2025, las exportaciones a ese país bajaron de forma significativa tanto en volumen como en valor. Se enviaron 84,63 millones de litros (846.300 hl), un 12,8% menos que en 2024, con una facturación de 331,07 millones de euros, un 15,3% inferior al año anterior. La caída se dejó notar especialmente en los vinos con D.O.P., que representaron 27,83 millones de litros (-5,8%) y 174 millones de euros (-14,8%), con un precio medio de 6,25 €/litro (-6,8%), representando el 32,9% del volumen y el 52,5% del valor total exportado.

Los vinos espumosos ocuparon el segundo lugar, con 20,3 millones de litros (-13%) y 72,5 millones de euros (-11,4%), a un precio medio de 3,57 €/litro (+1,8%), y un peso relativo del 24% en volumen y 21,9% en valor. Por su parte, el vino envasado sin D.O.P. sumó 9,35 millones de litros (-0,3%) y 25,5 millones de euros (-16,7%), con un precio medio de 2,73 €/litro, representando el 11% del volumen y el 7,7% del valor. Los vinos a granel sin D.O.P. apenas alcanzaron 3,5 millones de litros (-1,6%) y 4,28 millones de euros (-5,7%), a 1,22 €/litro (-4,2%), con un peso del 4,1% en volumen y 1,3% en valor. Finalmente, el resto de vinos (licorosos, de aguja y otros) facturó 23,65 millones de litros (-22%) y 55 millones de euros (-21,3%), con un precio medio de 2,32 €/litro (+0,9%), representando el 27,9% del volumen y el 16,6% del valor total.

El peso de Estados Unidos como mercado estratégico es notable, tanto por volumen como por precio de venta, y se trata del principal destino de los espumosos españoles. Sin embargo, la competencia fuera de la UE es intensa, con países latinoamericanos como Argentina y Chile. Un arancel selectivo no solo afectaría a España, sino también a otros productores europeos como Italia y Francia, que comparten mercados similares.

A esta presión se suma la situación arancelaria preexistente. Tras la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. el 20 de febrero de invalidar la mayoría de los aranceles impuestos por Trump, al considerar que se excedieron los poderes presidenciales bajo la IEEPA, el presidente estadounidense volvió a reaccionar imponiendo un arancel global del 15% para todos los productos y países, provisionalmente durante 150 días, hasta que el Congreso pueda autorizar medidas definitivas. La sentencia del Supremo restringe el uso de la IEEPA a fines tradicionales como sanciones financieras o bloqueos de bienes, pero no impide que se recurran otros marcos legales, como seguridad nacional o represalias frente a prácticas comerciales desleales.

En este escenario, la CECRV valoró la decisión del Supremo como “una señal muy positiva para volver a confiar en que EE.UU. tome decisiones más ajustadas y acordes con las reglas internacionales”, aunque también mostró cautela, recordando que la Administración puede buscar alternativas para mantener en vigor los gravámenes. La organización confía en que el fallo anime a Washington a reflexionar sobre su política comercial y retome la senda del libre comercio, renegociando el pacto vigente con la UE.

Más allá del vino, sectores como el aceite de oliva (que exporta 970 millones de euros a EE.UU. y cubre la mitad del consumo mundial fuera de la UE), la maquinaria y los aparatos eléctricos, productos cerámicos, automoción y el sector farmacéutico podrían convertirse en instrumentos de presión económica si la Casa Blanca busca un impacto tangible.