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Alfredo López
Lunes, 09 de Septiembre de 2024 Tiempo de lectura:

UPA teme una “crisis de mercado” en la actual campaña vitivinícola 2024/25 y plantea medidas paliativas

Alejandro García-Gasco (dcha.) y José Manuel Delgado, en la rueda de prensa de perspectivas para la campaña.Alejandro García-Gasco (dcha.) y José Manuel Delgado, en la rueda de prensa de perspectivas para la campaña.

Respecto a la producción plausible en 2024, la organización prevé una producción “normal” en 2024/25 de alrededor de 38 Mhl, tras dos años de muy bajas producciones, en especial la del pasado 2023, partiendo de un nivel bajo de existencias.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) hizo públicas el pasado viernes 6 de septiembre sus impresiones acerca de la vendimia de la nueva campaña 2024/25, sobre la que, señala, “planea una grave crisis de mercado.”

 

Esta organización agraria denuncia que se están dando incumplimientos de la Ley de la Cadena por parte de las grandes bodegas y, ante esta situación, propone un decálogo de once medidas que, tramitadas de manera urgente, pueden ayudar a salvar a miles de productores de carácter familiar.

 

Según el responsable sectorial de UPA, Alejandro García-Gasco Alcalde, “podemos resistir la embestida del cambio climático, pero no la del mercado” en estas semanas que están en plena vendimia en un sector fundamental para la economía española, que está presente en más del 40% de los municipios rurales, del que depende el 2% del PIB nacional y más del 2% de los puestos de trabajo de nuestro país.

 

Para García-Gasco, “somos importantes para nuestros pequeños pueblos y estratégicos para todo el territorio, ya que España es el primer país en superficie y producción y el tercero en exportación”.

 

Causas de la crisis

UPA señaló que la falta de rentabilidad y la amenaza del cambio climático son los principales retos con los que se enfrenta el sector vitivinícola de nuestro país, a pesar de que los productores están esforzándose para adaptarse a la cuestión ambiental y a los graves problemas causados por la cuestión económica.

 

Esta organización agraria señala que la razón mayoritaria de la actual situación es precisamente el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria “de la que no se salva ninguna zona.”

 

“En todos los territorios se han detectado casos de industrias de sector que no firman un contrato previo con los viticultores y, ante eso, a UPA no nos ha temblado la mano para denunciarlo Agencia de Información y Control Agroalimentario (AICA), que ya ha empezado a realizar inspecciones,” afirmó el responsable sectorial de esta organización profesional agraria.

 

García-Gasco puso un ejemplo muy significativo, indicando que “en el sector del aceite o en el de frutos secos se habla en euros por kilo de aceituna y de pistacho o almendra, pero en el viñedo se habla aún de pesetas por kilo de uva para que aparente algo y esto es indigno. Un kilo está sobre 30 céntimos y es necesario sobre un kilo y medio de uvas para elaborar una botella de vino”.

 

García-Gasco reconoció la influencia de la política internacional en este ámbito, puesto que “preocupan las próximas elecciones en Estados Unidos, ya que si sale elegido Donald Trump como presidente puede volver a retomar la imposición de aranceles adicionales al vino español”.

 

Por su parte, el responsable técnico de UPA en este sector, José Manuel Delgado, recordó el daño causado por la salida del Reino Unido de la UE (Brexit), ya que, “ante los aranceles a nuestro producto, Reino Unido empezó a aumentar la importación de otros países terceros como Australia”.

 

UPA no olvidó como causante de esta situación los “alarmantes descensos” en el consumo, que también tiene su repercusión en la “asfixiante falta de rentabilidad”, indicando que una cuarta parte de lo que consumimos se queda en España, el resto se va fuera. Pero tanto a un lado como al otro de la frontera, el consumo ha descendido mucho desde el estallido de la crisis del Covid”.

 

A esto hay que sumar, según UPA, los “movimientos antialcohol”, que meten en el mismo saco el alimento de la vid con otros productos sin importancia social y económica en España, como son las cervezas y los espirituosos.

 

Por ello, añade esta organización, “ante el último de estos ataques, el anteproyecto de Ley lanzado por el Ministerio de Sanidad el pasado mes de julio para frenar el consumo de alcohol en menores, se ha pedido la protección del Ministerio de Agricultura (MAPA) para el sector vitícola, dado que el vino nada tiene que ver con los problemas de consumo entre menores”.

 

Para UPA, todo esto se hace palpable en la demanda de plantaciones de nuevo viñedo, que ha bajado un 45% en comparación al año pasado. También en el descontento de quienes vienen operando, como en la zona de Ribeira Sacra (Galicia) donde los productores se han movilizado ante el anuncio de la industria de no coger la uva este año.

 

No obstante, esta organización agraria recuerda que esta crisis no solo afecta a nuestro país, sino que se extiende por toda Europa, a la que ha pedido que actúe para apoyar al sector vitivinícola comunitario.

 

En este contexto, UPA plantea medidas dirigidas al Grupo de Alto Nivel de Política del Vino de la UE, consensuadas con carácter general con el conjunto del sector en el marco de la Organización Interprofesional del Vino (OIVE) y ante el Ministerio de Agricultura.

 

Decálogo de propuestas

 

En concreto, los viticultores profesionales proponen a todas las Administraciones públicas un decálogo de medidas para mantener la relevancia social, económica y medioambiental de este sector “si se aplica de manera urgente”.

 

Así, se pide la congelación de las autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo para 2024, 2025 y 2026, y la transferencia de recursos no utilizados de un año a otro (Intervención Sectorial vitivinícola -ISV- en el Plan Estratégico de la PAC).

 

También se demandan ayudas para arranques de viñedo “en diferido” (ampliación del plazo de reestructuración) y para arranques “definitivos de carácter social”.

 

Al contrario de los dos arranques producidos anteriormente, que la PAC relacionaba con los rendimientos, UPA pide con su propuesta fondos extraordinarios que vayan destinados a los viticultores de mayor edad o que quieran abandonar la actividad en este sector, ya que “queremos que se vayan dignamente para solucionar una crisis que no han causado ellos, sino el mercado y el consumo”.

 

UPA, además, plantea flexibilidad en la capacidad de reacción ante la crisis; mantener los fondos europeos para la promoción del producto; apoyo a las actuaciones con relación a los efectos del cambio climático en el sector vitivinícola: adaptación, mitigación y sumideros, así como el reforzar la investigación e innovación en el sector (nuevas tecnologías, nuevas variedades adaptadas al cambio climático, etc.).

 

Por último, quiere que se apoye la producción de vino ecológico (producción en incremento, que ya supone en España más del 16% de la superficie de viñedo, siendo el primero a nivel mundial) y a las inversiones en explotaciones vitícolas, medida que ya se aplica en los países de nuestro entorno y sin la cuales nuestro sector puede quedarse atrás, pero también que no se concedan ayudas públicas de inversión o promoción a aquellas empresas que incumplan la Ley de la cadena agroalimentaria.

 

Sobre la actual vendimia, UPA prevé una producción normal en 2024/25 de alrededor de 38 millones de hectolitros, tras dos años de muy bajas producciones, en especial la del pasado 2023, partiendo de un nivel bajo de existencias (un 16,5% inferior al año pasado).

 

 

Pertenece a la edición 3670

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